El acceso a la justicia es uno de los pilares de un Estado de derecho. Sin embargo, en México, la justicia sigue siendo un privilegio para algunos y una lucha para otros. La impunidad, la burocracia, la corrupción y la falta de recursos impiden que miles de personas puedan ejercer sus derechos ante abusos, conflictos o delitos.
Las personas en situación de pobreza, las mujeres, los pueblos originarios y los migrantes enfrentan barreras adicionales: falta de asesoría jurídica, desconocimiento del sistema, revictimización y dilación de procesos.
Garantizar justicia efectiva implica contar con defensores públicos capacitados, accesibles y empáticos. También se requiere fortalecer los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación comunitaria, y fomentar una cultura legal preventiva, basada en la educación cívica.
La digitalización del sistema judicial puede ser una herramienta poderosa, siempre que no excluya a quienes no tienen acceso a internet o habilidades tecnológicas. La justicia debe adaptarse a las personas, no al revés.
Recuperar la confianza en las instituciones pasa por demostrar que la ley se aplica para todos, sin distinción. Que la justicia sea pronta, imparcial y accesible es el desafío permanente de una democracia que se respete a sí misma.
