Los derechos humanos son el corazón de cualquier democracia. No se limitan a la protección legal ante abusos, sino que abarcan condiciones para una vida digna: salud, educación, vivienda, libertad de expresión, identidad y seguridad.
México ha suscrito diversos tratados internacionales y ha incorporado derechos fundamentales en su Constitución. Sin embargo, la brecha entre los marcos legales y la realidad cotidiana sigue siendo amplia. Desapariciones forzadas, violencia de género, discriminación, tortura y ataques a periodistas son problemas estructurales que afectan la credibilidad del Estado.
La labor de las organizaciones de la sociedad civil ha sido crucial para visibilizar violaciones, acompañar víctimas y promover reformas. Pero estas organizaciones enfrentan desafíos constantes, como el estigma, la criminalización y la falta de recursos.
La defensa de los derechos humanos no debe politizarse ni usarse como bandera partidista. Es una responsabilidad de todos los poderes del Estado y de la sociedad. Fortalecer las instituciones de justicia, garantizar acceso a defensores públicos y proteger a quienes defienden derechos humanos es urgente.
Los derechos no se conceden: se reconocen, se protegen y se ejercen. Tener una ciudadanía activa e informada es clave para que los derechos humanos sean realidad y no letra muerta. En tiempos de polarización, defender la dignidad humana debe unirnos más allá de ideologías.
