El cuidado del medio ambiente no es una tarea exclusiva de gobiernos o instituciones científicas. Las comunidades tienen un papel clave en la conservación de los recursos naturales, particularmente en un país como México, que alberga una de las mayores biodiversidades del mundo.
En muchas regiones del país, los pueblos originarios y comunidades rurales han sido guardianes del territorio por generaciones, manejando bosques, ríos y ecosistemas con prácticas sostenibles. Sin embargo, estas zonas se enfrentan a presiones por megaproyectos, minería, tala ilegal y cambio de uso de suelo.
La participación comunitaria es esencial en los programas de reforestación, manejo de cuencas y protección de áreas naturales. El modelo de las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC) demuestra cómo las comunidades pueden liderar procesos exitosos con autonomía y eficacia.
Educar desde edades tempranas en el respeto a la naturaleza, fomentar el consumo responsable y promover la participación ciudadana en decisiones ambientales son acciones imprescindibles. La crisis climática exige un cambio de paradigma que reconozca que los seres humanos no estamos separados del entorno, sino que somos parte de él.
La justicia ambiental también pasa por reconocer los derechos de las comunidades a vivir en un ambiente sano y a decidir sobre el uso de su territorio. La defensa del medio ambiente es también una defensa de la vida, de la cultura y del futuro común.
