La movilidad urbana es mucho más que tránsito y transporte. Es una expresión del derecho a la ciudad, al acceso equitativo a servicios, trabajo, educación y esparcimiento. En México, millones de personas pasan horas en el transporte público o enfrentan barreras para moverse con seguridad y eficiencia.
Las ciudades crecieron sin una planificación integral, lo que ha provocado congestionamiento vial, contaminación y desigualdad en la distribución de infraestructura. En muchas zonas periféricas, los habitantes deben caminar largos trayectos para llegar a una parada de camión o un metro, en condiciones inseguras o insalubres.
El transporte público sigue siendo la opción más usada, pero también una de las más abandonadas. Unidades viejas, saturadas y sin mantenimiento dificultan la calidad de vida de millones. A esto se suma la falta de accesibilidad para personas con discapacidad, adultos mayores o quienes viajan con niños.
Una política de movilidad sostenible debe priorizar el transporte público eficiente, accesible y con enfoque de género. También debe fomentar el uso de la bicicleta y mejorar la infraestructura peatonal. Movilizarse no debería implicar poner en riesgo la salud, la seguridad ni el tiempo de vida.
Ciudades como Guadalajara y Ciudad de México han avanzado en sistemas integrados y ciclovías, pero aún queda mucho por hacer en otras regiones del país. La descentralización del desarrollo urbano también es clave para reducir la dependencia del automóvil.
Moverse con dignidad es un derecho urbano básico. La movilidad debe dejar de verse como un tema técnico y pasar a ser un eje central de justicia social y sostenibilidad ambiental.
