La seguridad alimentaria es un componente esencial de la soberanía de un país. Implica no solo garantizar el acceso físico y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, sino también fortalecer los sistemas locales de producción y distribución de comida, de manera que respondan a las necesidades culturales y nutricionales de la población.
En México, a pesar de contar con una rica tradición agrícola y culinaria, millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria. Este fenómeno se manifiesta en dos extremos: la desnutrición y la obesidad, ambas derivadas de sistemas alimentarios desequilibrados, pobreza y falta de educación nutricional.
El cambio climático, la urbanización acelerada y la dependencia de importaciones han debilitado la autosuficiencia alimentaria. A esto se suma el abandono del campo y la precarización del trabajo agrícola, factores que afectan directamente a comunidades rurales y pueblos originarios.
Garantizar la seguridad alimentaria requiere políticas públicas integrales: apoyo a pequeños productores, impulso a la agroecología, recuperación de semillas nativas, y educación alimentaria en todos los niveles escolares. También es vital combatir el desperdicio de alimentos, que en México alcanza cifras alarmantes cada año.
La promoción de huertos urbanos, mercados locales y redes de comercio justo son ejemplos de acciones que fortalecen la economía local y el derecho a una alimentación digna.
La seguridad alimentaria no debe verse como un tema técnico, sino como una prioridad nacional que afecta la salud, la economía y la justicia social. Comer bien es un derecho, no un privilegio, y lograrlo requiere la acción conjunta del Estado, la ciudadanía y la iniciativa privada.
